Uno de los principios que deben orientar un debido proceso es aquél que permite al inculpado ser oído y rendir las pruebas que estima van en apoyo de su defensa o, al menos, indicar las razones por las cuales una determinada diligencia no se considera.
Carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses establecido en la ley para la tramitación de un sumario casi se cuadruplique.
Si no se cambian los hábitos de las personas, para el 2025, el 43 por ciento de la población será obesa en Chile. Los estudiantes universitarios tienen un alto consumo de alimentos no saludables, un bajo consumo de frutas y verduras, y suelen omitir comidas importantes en el proceso formativo, como el desayuno, afirman los autores de la iniciativa.
No se puede obviar que la actora es una mujer, estudiante, de profesión fisiatra, extranjera, madre de dos hijos menores de edad, que está realizando estudios de post grado en Chile, para lo cual debió trasladarse desde su país, lo que es indiciario de una situación de mayor vulnerabilidad, al tener que asumir los cuidados de su familia, recuperarse físicamente, contribuir económicamente responder a sus compromisos estudiantiles.
No obstante, la prórroga de las acreditaciones de dichos programas se encuentra prevista en el artículo 58 de la ley N° 21.526 hasta el 31 de diciembre de 2027, cumpliendo con los requisitos señalados en la norma.
El mandato legal de incluir la normativa interna de las instituciones de educación superior en los convenios que estas celebren con organismos de la Administración del Estado, no puede afectar las potestades de administración y disciplinarias de estos últimos.
El trato no discriminatorio que debe darse a una estudiante con capacidades diferentes es uno que, atendiendo a sus diferencias y dificultades, la sitúe en un plano de igualdad en cuanto a su derecho de acceso a la educación superior.
La iniciativa, despachada a ley, fortalece la instrucción de los gendarmes, mejora las mallas curriculares y profesionaliza la actividad de las y los funcionarios.
La ley distingue los valores de aranceles, matrículas y costos de titulación, no siendo posible entender estos dos últimos dentro de un concepto genérico de arancel.
Dicha autorización debe ser concedida por un período que no exceda el período presidencial -salvo que una ley de quórum calificado lo autorice- y que debe relacionarse con el financiamiento de proyectos específicos.
La iniciativa que moderniza además, los requisitos de ingreso al plantel, como por ejemplo, la eliminación de las exigencias de estatura mínima, fue visada por la Comisión de Hacienda.
