En noviembre comienza el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y de las respectivas Salas del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la primera etapa del trabajo de Subcomisiones Mixtas ya se anticipan algunos de los temas más complejos en Salud, Educación, Interior, Defensa y Gobiernos Regionales.
No se vislumbra acto u omisión ilegal y arbitrario en la tramitación del procedimiento que concluyó con la cancelación de la matrícula del estudiante, ni que la sanción fuera desproporcionada, tanto en razón a la entidad de la falta establecida como por no tratarse de la primera medida aplicada al alumno.
No es posible soslayar que la solicitud de cambio de local llevaba en tramitación, sin ser resuelta, por el término de dos años, al momento de formularse los cargos.
En la resolución se observa que las y los estudiantes no suelen contar con programas especiales en las instituciones de educación superior, lo que implica una limitante a su continuidad estudiantil y un incumplimiento de la ley.
En el marco de discusión de enmiendas en la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; los consejeros debatieron acerca del derecho a la educación, tema contenido en el Art. 16 inciso 22 del anteproyecto entregado por la Comisión Experta.
A partir de una escucha activa, es posible descubrir las particulares características psicofísicas, necesidades, calidad de los vínculos, sentimiento, miedos o expectativas del menor, como protagonista insustituible en la definición sobre lo que más le favorece. Se trata de respetar sus demandas, que nacen de su individualidad, para así ofrecerle una respuesta personalizada.
También para exigir que los estudiantes deportistas seleccionados de alto nivel sean sometidos a un régimen de estudios compatible con su actividad deportiva.
El colegio cumplió adecuadamente el procedimiento de investigación establecido en su normativa interna, sin que se advierta vicio de ilegalidad o de arbitrariedad en su actuar.
Las propuestas, elaboradas por personas y organizaciones de la sociedad civil, debían reunir 10 mil patrocinios ciudadanos para ser discutidas por los integrantes del órgano que redactará la propuesta de nueva Carta Magna.
Su uso puede presentar riesgos para los resultados de aprendizaje.
