El proceso eleccionario está libre de vicios de trascendencia y goza de la legalidad suficiente para declararlo válido.
En actividad organizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) se debatió sobre los mitos y realidades en torno a las encuestas electorales y su comunicación, así como la eventual incidencia que pueden tener en el clima electoral y en la opinión pública.
Si bien la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización había despachado un informe favorable, la iniciativa fue rechazada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputadas, por lo que fue archivada.
Las deficiencias del sistema informático no pueden constituir un obstáculo válido para la inscripción de las candidaturas de los reclamantes.
La iniciativa se enmarca en la denuncia conocida recientemente, respecto a que un candidato presidencial tendría deudas en el pago de pensión alimenticia.
La iniciativa busca seguir la vía constitucional para asegurar la protección de la función constituyente, ofreciendo una salida institucional a la evidente necesidad de permitir a quienes han defraudado la fe pública e incurrido en irregularidades dar un paso al costado.
En las últimas dos sesiones de Sala del Senado destinadas para el análisis de la reforma constitucional sobre voto obligatorio, los legisladores manifestaron sus distintas visiones y argumentos de la norma que mantiene la inscripción automática y contempla la voluntariedad del sufragio para los chilenos en el extranjero y en caso de elecciones primarias.
El reclamante considera que al existir un auto de juicio oral firme y ejecutoriado corresponde suspender el derecho a sufragio del candidato presidencial.
A pesar de los avances sostenidos en materia de representación femenina en los cargos de elección popular en América Latina, las cifras en Chile a nivel subnacional no han aumentado en la misma medida.
A fin de exigir que el elector acredite el “vínculo objetivo” que debe haber entre el ciudadano y su domicilio electoral, dado que hoy dicho vínculo no está determinado y es muy fácil de vulnerar.
Como requisito para la inscripción de candidaturas de autoridades electas por votación popular, se deberá acompañar un test de drogas de una antigüedad no mayor a un mes, y una declaración jurada del candidato que no consume drogas y se encuentra libre de vínculos con el tráfico.
