Los demandantes fueron contratados por la empresa contratista para efectuar labores en dependencias de ENAP, propias de su giro, y de suma utilidad para el desarrollo de sus actividades, por lo que existe trabajo en régimen de subcontratación y la empresa estatal debe responder de forma solidaria en favor de los actores.
Durante marzo y abril aumentaron las consultas respiratorias en centros de salud.
El procedimiento sancionatorio se inició debido a que la empresa no realizó el cambio de una antorcha que permite reducir emisiones. Esto se encontraba dentro de los compromisos establecidos por el titular en el permiso ambiental de 2004.
Los delitos ambientales habrían ocurrido en las regiones de Valparaíso y Biobío, tras el almacenamiento y procesamiento del petróleo importado en 2018. Los académicos autores de los documentos concluyen que los hechos por los cuales se acusa a la estatal no se configuran dentro de distintos tipos penales relacionados y analizan el tráfico de residuos peligrosos. Coinciden en que constituyen leyes penales en blanco, dado que no existe una norma ambiental que fije límites máximos de emisión en Chile.
En la sentencia, el magistrado estableció la obligación de la empresa refinadora de resarcir a los demandantes por el deterioro en su calidad de vida, con el pago de $3.000.000 a cada uno.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El hecho de no prorrogar el contrato a las recurrentes no puede estimarse contrario a la ley, toda vez que, en ellos se consignó una fecha de término, sin cláusulas de prórroga automática, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 1545 y 1560 del Código Civil estos habrían concluido.
La norma, analizada por la Comisión de Minería, contempla otorgar autorización a la Empresa Nacional del Petróleo para distribuir gas, a nivel mayorista o minorista, introduciéndose como un nuevo competidor en el mercado.
Se trata de 5 cargos graves y 3 leves, entre ellos, superación de límites de emisión y otros incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación, que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.
Al decretarse nuevas diligencias por la SMA en aquel proceso sancionatorio, debió fijarse un plazo para ello y otorgar audiencia al administrado, pues son exigencias que velan por el debido proceso.
Sentencia concluye que la autoridad fiscalizadora actuó en forma ilegal y arbitraria al no fijar un plazo para el proceso de reformulación de cargos y no otorgar audiencia previa a la empresa.
