En la audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento, el magistrado acogió la solicitud de la defensa del parlamentario y decretó el sobreseimiento definitivo, al considerar que tras más de 6 años de investigación desformalizada, el ente persecutor no logró detectar ningún hecho constitutivo de delito.
La extradición fue rechazada al no cumplir el delito de enriquecimiento ilícito con el requisito de gravedad mínima, en virtud del cual el delito debe ser sancionado por ambos Estados con al menos un año de privación de libertad.
«Existe peligro de fuga ya que si quedase en libertad podría intentar sustraerse de la acción de la justicia y tal como expuso el Ministerio Público, incluso pueden existir problemas en cuanto altere o intente alterar la investigación o influir en ella, toda vez que existen dos promesas de compraventa falsificadas que fueron presentadas por él mismo para justificar algunas de las actuaciones mencionadas”, razonó la magistrada
El Tribunal consideró que los antecedentes aportados por la defensa no hacen variar las circunstancias que se tuvieron a la vista al decretar la prisión preventiva de Aguilera Sanhueza, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
