El fiscal general cuestionó el testimonio del testigo que acusó al hombre que ya había sido detenido, el cual siempre alegó su inocencia. En una de las audiencias, el testigo confesó haber recibido instrucciones erróneas del agente de policía encargado de la investigación antes de identificar a los sospechosos del crimen.
La Segunda Sala del máximo tribunal estableció que la sentencia condenatoria impugnada se dictó sin fundamentación racional ni jurídica.
El estándar probatorio que se considera al momento de decretar la medida cautelar es diferente a aquel que se tiene en vistas al dictar el sobreseimiento definitivo, debido a que son dos estadios procesales diversos, por lo que la prisión preventiva siempre es de carácter temporal y revocable, según los mejores antecedentes que puedan aportar los intervinientes.
El máximo Tribunal razona que la imposición de la medida cautelar y la dictación de la sentencia definitiva son momentos procesales diferentes que requieren de grados de convicción distintos, con procesos valorativos e interpretativos diversos y, por consiguiente, dichas fases, aun con conclusiones contrapuestas, pueden ser perfectamente válidas y jurídicamente correctas.
Pese a tener al día las cuotas de un mutuo hipotecario y oponer oportunamente la excepción de pago, el tribunal certificó que tal excepción no fue opuesta, lo que devino en el remate de la casa del actor, y solo nueve años después el tribunal certificó -esta vez correctamente- que el ejecutado nunca tuvo ninguna deuda con su acreedor.
El fallo fue emitido por el órgano castrense en noviembre de 1973, condenando a la pena de muerte al cónyuge de una de los solicitantes y al resto de los actores a diversas penas privativas de libertad. La sentencia impugnada ya había sido revisada previamente por el máximo Tribunal, que la declaró nula y absolvió a todos los reclamantes.
El sujeto fue sorprendido portando un arma de fogueo modificada junto con un cargador con proyectiles aptos para el disparo, decretándose la prisión preventiva durante la investigación. El imputado estuvo 192 días preso hasta que fue sobreseído definitivamente por incongruencias en el informe del armero que perició el arma.
El máximo Tribunal acogió la acción formalizada en representación de Haroldo Quintero Bugueño, Renato Jesús Vargas Contreras y Eduardo Espinoza Opazo, tras establecer fueron condenados en un proceso viciado por transgresión flagrante a las normas del debido proceso y manifiestamente injusto.
El máximo Tribunal consideró que se cumple con los requisitos para acceder a la acción contemplada en la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal descartó que la detención y prisión preventiva que afectó al reclamante constituyan actuaciones procesales injustificadamente erróneas o arbitrarias.
El máximo Tribunal descartó actuación injustificadamente errónea o arbitraria al formalizar la investigación y ordenar la prisión preventiva de la recurrente, como exigen la norma legal para acceder a la solicitud.
