Presidente de la República cuenta con la atribución excepcional de establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, la que puede delegar total o parcialmente, en el Jefe de la Defensa Nacional, a través del correspondiente decreto que así lo disponga de manera previa y expresa.
Con el objeto de realizar una efectiva prevención del delito, así como para detectar de manera cabal situaciones en que existan personas que deban comparecer ante la justicia.
El acreedor aceleró el cobro de la deuda según los términos facultativos de la respectiva cláusula, demorando más de un año en notificar al ejecutado, por lo que la acción de cobro prescribió según lo establecido en el artículo 98 de la Ley Nº18.092, sin que resulte aplicable en la especie lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nº21.226.
Esta nueva extensión se ratificó a través de la aprobación del decreto 362. Aplica para la totalidad de la Región de La Araucanía y para las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
La medida se aplicará a las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Durante un arduo debate en Sala se reconoció que la acción “no es sufriente” y se lamentaron las pérdidas humanas y los actos de violencia.
Las fuerzas armadas deben restringir su intervención a operativos en los que ellas cumplan exclusivamente funciones complementarias a las de la policía nacional, siempre que se encuentre suficientemente justificada.
El propósito de la reforma constitucional es enfrentar con mayor eficiencia situaciones que puedan constituir una grave alteración al orden público, con una extensión que se ajuste a realidades más complejas.
El control de constitucionalidad del estado de excepción debe verificar que el mecanismo cumpla los principios constitucionales de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad y razonabilidad.
La ley excluye los casos en que el transcurso del plazo de prescripción de la acción estaba pendiente al momento en que se declaró el estado de excepción.
En el actual contexto, el abandono del procedimiento sólo es procedente si el término de seis meses se contabiliza a la luz de la Ley 21.226, cuestión que no aconteció en la especie.
Al no notificarse la resolución que recibe la causa a prueba, no ha comenzado a correr el término probatorio y, por tanto, no procede la pretendida suspensión del procedimiento.
