Con relación al aborto se ha producido un fenómeno insólito en muchas legislaciones, incluida la española. En apenas unas décadas ha pasado de ser considerado un delito a convertirse en un derecho, y ahora, en Francia, un derecho garantizado por la Constitución. La consideración del aborto como derecho constituye una grave injusticia y nunca puede calificarse como conforme a derecho.
El principio de confianza mutua entre Estados miembros parte de la premisa de que todos los estados miembros respetan los derechos fundamentales de la UE.
En su conjunto, las medidas adoptadas sirvieron para la protección de la vida y la salud, así como para el mantenimiento de un sistema de atención médica en funcionamiento como una preocupación primordial del bien común.
Sí rechazáramos la posibilidad de la declaración judicial de ser «víctima de trata en juicio» y la práctica de prueba para su acreditación, sin que se juzgue ni se persiga a los tratantes, se haría inviable acudir a un recurso de revisión para anular la condena.
Las cuarentenas decretadas como medida de prevención en contra de la pandemia por covid-19 no violan el derecho a la libertad de la Convención Europea de Derechos Humanos.
La medida se argumenta como necesaria para poder levantar de forma coordinada las restricciones a la libre circulación, actualmente en vigor, y abandonar paulatinamente la obligación de guardar cuarentena a la llegada o someterse a un test.
La Corte de Versalles consideró que incurrió en una violación grave y continuada de los deberes y obligaciones del matrimonio, haciendo intolerable el mantenimiento de la vida en común. La mujer, no obstante, no fue condenada a pagar ninguna indemnización.
Estonia se ha desprendido de la idea de hacer tributar a las empresas de forma segmentada, lo que redunda en buscar una justicia fiscal en términos amplios.
El Estado miembro de la nacionalidad de la persona reclamada debe recibir del Estado miembro requerido todos los elementos de hecho y de Derecho comunicados en la solicitud de extradición y debe concedérsele un plazo razonable para dictar contra ese ciudadano, orden de detención europea.
La resolución incluye una serie de preguntas a las partes para evaluar vulneraciones a tratados internacionales sobre cambio climático.
El Tribunal europeo indicó que los fiscales nacionales no son funcionarios independientes del gobierno.
