La presentación de este recurso se enmarca dentro del contexto legal establecido por la Corte Suprema de Canadá en su decisión de 2015 en el caso Carter v. Canadá, que declaró inconstitucionales las secciones del Código Penal que prohibían la asistencia médica para morir.
A pesar de una tendencia creciente hacia su legalización, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa siguen prohibiendo tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia. Por lo tanto, el Estado tiene una amplia discreción a este respecto, y en el caso las autoridades mantuvieron un justo equilibrio entre los intereses en juego.
Según el reglamento, la eutanasia consiste en la “administración de fármacos en dosis letales, con el objetivo de causar la muerte anticipada a una persona con una enfermedad grave e incurable o lesión corporal grave e irreversible, solicitada de manera voluntaria, informada e inequívoca por el paciente o su representante legal”.
Asignar una protección absoluta al derecho a la vida en su primera dimensión resultaría en una afectación más significativa, ya que en este escenario no existe una privación no arbitraria, además, hay un contexto de sufrimiento intenso por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable.
La Autoridad Sanitaria está facultada para retirar y eliminar a los perros vagos o comunitarios, sólo cuando se está en presencia de un caso de rabia o de un eventual brote de esa enfermedad.
En una reciente publicación del medio infocatolica.com se da a conocer el artículo «Puppinck, Director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está construyendo un «Derecho a Morir»». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se prepara para juzgar un caso relativo a la eutanasia el 28 de […]
La resolución sostiene que la solicitud no cumple con los requisitos legales establecidos para acceder a la ayuda para morir, particularmente en cuanto a la demostración del sufrimiento insoportable de la paciente y su capacidad para tomar decisiones informadas.
La medida fue respaldada por la Asamblea Nacional como parte de una actualización del marco legal de la salud en el país, que garantiza un sistema de salud gratuito y universal. El borrador final de la legislación establece que se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna.
Nos encontramos con una enfermedad que tiene posibilidades terapéuticas para mejorar, con una paciente autónoma con pronóstico de vida no limitado. La mujer no presenta antecedentes para desvirtuar los informes que señalan que su enfermedad es grave y le causa tristeza y desesperanza extrema, y que podría ser tratada medicamente. Así, la paciente no ha agotado sus alternativas terapéuticas que ofrecen la posibilidad de una mejora real.
Las autoridades y particulares que prestan servicios de salud no tienen un marco jurídico claro que les permita ejercer sus funciones derivadas de la protección del derecho a la vida en su componente relativo a garantizar la posibilidad de una muerte digna y ello se debe a una omisión legislativa.
Tras su primera aprobación, ocurrida en 2021, se generó un intenso debate entre aquellos que apoyaban la despenalización de la eutanasia y los sectores más conservadores que se oponían a ella, entre ellos el presidente de Portugal. Si bien en el pasado la ley fue vetada en dos ocasiones por el gobierno, en esta oportunidad anunció que no se opondrá a ella, pues, en atención al quórum obtenido, la Constitución Política lo impide.
