En septiembre de 2018, el acusado -presuntamente- dio muerte a un joven luego de una riña en una fiesta celebrada en la ciudad de Trujillo. El ministro instructor dispuso la entrega diferida a las autoridades peruanas, debido a que el requerido se encuentra actualmente en prisión preventiva por su participación en un delito de tráfico de drogas, a la espera de juicio oral y una probable condena.
La solución que se adopta es conteste con las reglas y principios que consagra la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional vigente entre ambos países y que incluye el compromiso de procurar simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
El imputado participó en el asesinato de un particular en 2017 y huyó a Chile para permanecer impune, siendo detenido finalmente en Punta Arenas. El máximo Tribunal confirmó su extradición para comparecer ante la justicia colombiana por el macabro crimen.
La resolución puntualiza que el delito de evasión puede relacionarse con el delito de fuga, tipificado en los artículos 299 a 301 del Código Penal, sin embargo, este ilícito solo contempla como sujetos activos a los agentes que custodiaban al detenido, y no castiga directamente a la persona que se fuga; por lo tanto, no se cumple con la doble incriminación exigida para dar lugar a la extradición.
La solicitud busca ampliar la extradición concedida por la República de Argentina para juzgar al acusado por delitos que no fueron incluidos en la petición inicial. Actualmente, el acusado cumple condenas de presidio perpetuo en Punta Peuco por su participación en el homicidio de Tucapel Jiménez y Juan Alegría Mondaca.
La magistrada, puntualizó que con la documentación adjunta por el Estado requirente, se podía justificar la persecución penal contra el requerido en un juicio de lato conocimiento, para determinar la culpabilidad o inocencia del encartado respecto del asesinato en el que se le atribuye participación.
El requerido, aprovechando su trabajo en el rubro automotriz, se hizo pasar por funcionario de una marca de automóviles para engañar telefónicamente a la víctima, y hacer que aquella le depositara más de medio millón de pesos argentinos para la supuesta compra de un vehículo utilitario, huyendo posteriormente a Chile para burlar a justicia trasandina.
El requerido fue solicitado por la justicia de su país para ser juzgado por un delito de tráfico presuntamente cometido en el año 2013, ilícito cuya acción penal se encuentra prescrita según nuestra legislación, por lo tanto, en la especie no se cumple con el requisito de la letra c) del artículo 449 del Código Procesal Penal.
La ministra Vivanco consideró que se cumplen los requisitos para acceder a la extradición, ya que el proceso se tramitó en Italia de acuerdo a las normas del debido proceso y se rechazó la excepción de aplicación del Decreto Ley de Amnistía al tratarse de crímenes de lesa humanidad.
El requerido es acusado de dar muerte a su pareja en un hostal de una localidad peruana el año 2012, y la ministra instructora desestimó la prescripción de la acción penal por aplicación del artículo 100 del Código Penal, que establece una regla especial de “dos días por uno” para el cómputo de los plazos, cuando el autor de un ilícito se encuentra fuera del territorio.
El requerido se allanó a la solicitud de extradición, por lo que la magistratura dispuso la entrega diferida del encartado una vez cumplida una pena por tráfico de drogas, que actualmente lo mantiene recluido en la cárcel de Alto Hospicio.
