La magistratura estimó que la acción contenida en la Ley Nº19.880 no es aplicable al ente persecutor, por existir mandato constitucional expreso que lo impide, y en tal sentido desestimó la acción cautelar, al corroborar que las víctimas no controvierten el obrar del Fiscal Regional recurrido, sino la posibilidad de quejarse ante el Fiscal Nacional.
Un documento de académicos de la Facultad de Derecho UC -que fue enviado al Consejo Constitucional- propone rebajar la duración en el cargo de fiscal nacional de 8 a 6 años, junto con ampliar el plazo que impide a los persecutores postular a cargos de elección popular. Además, se propone elevar a rango constitucional y fortalecer la Academia de la Fiscalía de Chile, como ente encargado de la habilitación y formación de los fiscales.
El Tribunal de alzada consideró que el recurso no puede prosperar por no ser la vía idónea para reclamar, ir contra una instrucción de un organismo autónomo y no existir afectación ilegal de derechos.
Previamente, los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado estimaron por unanimidad que el abogado cumple las condiciones que requiere la ley para estos cargos. Luego la Sala aprobó el nombramiento con 40 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones.
De acuerdo a la ley vigente la Corte Suprema tiene 10 días para presentar un nombre en reemplazo del candidato rechazado y el Presidente de la República y el Senado tienen cinco días para pronunciarse.
De acuerdo a la Constitución y la ley orgánica respectiva, el abogado José Morales Opazo necesita del voto de los dos tercios del Senado para ser ratificado en el cargo.
La discusión propuesta no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, por lo demás, el ordenamiento jurídico ha previsto acciones específicas en sede laboral para la resolución de estos conflictos (artículo 83 de la Ley 19.640).
La autoridad administrativa estimó que la situación de los fiscales adjuntos que desempeñan labores de fiscal jefe, es análoga a la de aquellos funcionarios que, conservando la propiedad de sus plazas titulares, ejercen empleos a contrata o son nombrados como suplentes.
