La magistratura estimó que la acción contenida en la Ley Nº19.880 no es aplicable al ente persecutor, por existir mandato constitucional expreso que lo impide, y en tal sentido desestimó la acción cautelar, al corroborar que las víctimas no controvierten el obrar del Fiscal Regional recurrido, sino la posibilidad de quejarse ante el Fiscal Nacional.