El máximo Tribunal estimó que el recurrente -una víctima de tortura durante la dictadura cívico militar-, pretende desconocer los hechos asentados en la causa, debido a una disconformidad con el monto indemnizatorio decretado a su favor en el fallo de primer grado. Asimismo, la Corte Suprema indicó que el demandante no preparó adecuadamente el recurso de nulidad formal.
En el fallo, la magistrada estableció la falta de servicio del centro asistencial al someter a un enema (lavado intestinal), procedimiento contraindicado en cuadros de abdomen agudo como el que presentaba el paciente, lo que generó una perforación, distensión intestinal, peritonitis y shock séptico que, tras varias cirugías, le causaron la muerte por una falla mutiorgánica y shock séptico.
En el fallo, la magistrada estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio, al no impedir el acceso y uso de armas blancas por quienes están bajo su cuidado.
Los montos pagados por las cajas de alimentos y otros enseres básicos, según la Contraloría General de la República y la investigación fiscal, a proveedores fue superior al promedio nacional e, incluso, al pagado por la misma Intendencia en otros programas; sobreprecio calculado en más de $232.000.000.
La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Iquique.
Sin embargo, el máximo Tribunal sostuvo que es improcedente el cobro de prestaciones previsionales, al existir entre las partes cláusula que obligaba al funcionario a pagar las obligaciones de la seguridad social, lo que hizo de forma intermitente.
Para negar la restitución de los fondos el Fisco invocó la falta del decreto que apruebe la cuenta lo que se prolonga por casi tres décadas y sin indicios de alguna próxima solución. Es esta condición suspensiva, supeditada a la sola voluntad del Estado obligado, fuerza declarar inaplicable la norma objetada por causar un resultado inconstitucional.
El actor fue detenido en 1973 y liberado en 1978, tiempo en el que fue torturado por agentes del Estado. El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia que redujo el monto indemnizatorio a 40 millones, al estimar que la magistratura no explicó el razonamiento para tal disminución de la reparación, y confirmó el fallo de primer grado que ordenó el pago de 120 millones a título de daño moral.
El Fisco no puede desligarse de la responsabilidad subsidiaria que le compete respecto de los trabajadores de la demandada principal, asilándose en que es una entidad pública, argumento que contraviene los requisitos de la subcontratación establecidos en el artículo 187-A y siguientes del Código del Trabajo, por ende, debe responder por los incumplimientos de la empresa contratista hacia el demandante.
La Abastecedora de Repuestos Frasim LTDA., de propiedad de Francisco Huincahue, era un proveedor oficial del Ejército, por lo que sus reiteradas facturas no levantarían sospechas.
El reproche al fallo de parte de la recurrente en orden a que el hecho acreditado no describe cuáles serían los deberes funcionarios infringidos, cómo los habría infringido el acusado, ni como aquella supuesta infracción de deberes funcionarios se relaciona funcionalmente con el perjuicio producido, debe ser desechado, desde que dichos elementos no forman parte del tipo penal en específico, razón por la cual el recurso de nulidad en este capítulo no puede prosperar.
