La Ley N°19.664 y su reglamento, regulan las obligaciones del becario y las sanciones por su incumplimiento, de forma que la imposición de las mismas por parte del Servicio de Salud de Magallanes fue hecha dentro del marco de su potestad legal.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurrentes al denegar la cobertura, por lo que les ordenó iniciar en el más breve plazo el tratamiento indicado con el fármaco Trikafta.
Las consideraciones de orden administrativo y económico no deben invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona.
La actora alega que la recurrida no paga un beneficio legal, cumpliendo todos los requisitos establecidos al efecto, siendo sometida a un trato desigual, carente de justificación racional, basado en diferencias arbitrarias.
La cobertura que otorga la ley de urgencia se encuentra condicionada a la calificación de gravedad que otorga un médico cirujano en la primera atención.
No existe acto ilegal que se pueda imputar a la recurrida y la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada ajustándose a derecho.
Se estableció el estado de riesgo vital en que se encontraba la paciente y que llevó a su hospitalización de urgencia en la Clínica Dávila, la que era coherente con su diagnóstico de ingreso.
Si bien deben ser consideradas las razones de orden administrativo y económico, éstas no constituyen fundamento suficiente cuando resulta amagado el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona.
Si bien las consideraciones de orden administrativo y económico importan en la decisión de la autoridad, éstas no pueden prevalecer cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad de una persona.
El éxito de la operación depende de la administración de la droga requerida.
La Sala de la Cámara de Diputados solicita que se establezca un programa de promoción y favorecimiento de la utilización de esta modalidad sanitaria.
