El documento concluye que “es muy preocupante que la relación de cooperación público-privada en la provisión de bienes y servicios públicos se vea empañada por el mal uso de un sistema de transferencias mediante convenios, dado que el desarrollo del país y la persecución del bien común mediante la colaboración entre el Estado y los cuerpos intermedios es parte del ADN de nuestro ordenamiento jurídico”.
La recurrente carece de un derecho indubitado o preexistente, presupuesto esencial para que el arbitrio pueda prosperar. La discusión de si cumplió la obligación de permanencia obligatoria en el país por un periodo que duplica su estadía en el exterior debe resolverse en un juicio de lato conocimiento.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario de la entidad pública, al acreditarse los incumplimientos a la normativa vigente por parte de la recurrente.
Se enmarca en la fiscalización que realiza Fonasa dentro de sus competencias como administrador de un fondo público, y para verificar el correcto uso de los beneficios de salud que entrega a sus usuarios.
Le corresponde a Contraloría fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, además de examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de entidades públicas.
Flexibilizando el acceso a financiamiento.
