Para el pleno de ministros, las principales observaciones al proyecto de ley, corresponden al procedimiento que le permite a las entidades emisoras comparecer ante el Juez de Policía Local a solicitar la suspensión de la obligación de cancelar los cargos y/o restituir de fondos, cuando existen fundadas sospechas de dolo de parte del usuario que desconoce una transacción, sin importar el monto de esta.
Acusó al Movimiento Semilla haberse constituido a base de firmas fraudulentas. Si bien la Corte de Constitucionalidad frenó previamente una orden de suspensión contra la agrupación, la Fiscalía ha insistido en la existencia de pruebas que ameritan una investigación más profunda.
Inicialmente las comisiones parlamentarias de investigación tienen facultades instructivas propias de las autoridades judiciales, por lo que los citados a declarar no pueden excusarse de esta obligación. Sin embargo, estas facultades deben ejercerse respetando derechos garantizados constitucionalmente, como el derecho al silencio, la no autoincriminación y la comunicación con los abogados.
Es factible percibir los perjuicios que desde el plano económico le podría acarrear a la accionante el devengamiento de las cuotas del cuestionado préstamo otorgado sin su consentimiento, ante una eventual mora por imposibilidad de pago–; de modo que el peligro en la demora, en principio, también se encuentra acreditado y justifica la concesión de la medida cautelar solicitada.
Con el fin de que se sancione de manera justa y equitativa tanto al funcionario público que comete el delito como al actor privado que se colude y conspira con el funcionario para defraudar al Estado y se beneficia de ello.
Durante el primer semestre del año 2015, la acusada ordenó a la directora del establecimiento dejar en blanco las ausencias de alumnos, de esta forma adulteró los libros de clases para registrar 503 asistencias inexistentes de diversos estudiantes, y así percibir un mayor monto de subvención escolar.
El banco debía acreditar que las transacciones desconocidas por la consumidora efectivamente fueron realizadas por ella.
Establece una serie de medidas que buscan regularizar la promoción de productos, tendencias y cirugías que puedan ser perjudiciales para los usuarios, así como las conductas fraudulentas que deriven de esta actividad. También regula a los agentes de los influencers, y les impone la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil. Los infractores se arriesgan a una multa de $300.000 euros, o incluso a ser condenados a dos años de cárcel.
Para evitar pasar a llevar los derechos de terceros involucrados que acudieron de buena fe al acto impugnado, y que nada tuvieron que ver con la maquinación fraguada por quien vendió simuladamente los predios cuya inscripción se pretende cancelar.
El Tribunal constató que el banco denunciado cumplió con la entrega del servicio contratado, puesto que efectivamente realizó, en tiempo y forma, la transferencia de dinero a la cuenta informada por el consumidor.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando.
