La magistratura estimó que los hechos acusados por los funcionarios de la Universidad de Aysén, deben ser resueltos en sede laboral, debido a las presuntas irregularidades en el pago de remuneraciones y cambio unilateral en las condiciones del contrato de los recurrentes.
Inhabilidad de ingreso a la Administración, por haber sido calificado en lista 4 o por dos años consecutivos en lista 3, se genera no solo por la declaración de vacancia del cargo, sino también cuando el funcionario, luego de ejecutoriada su mala evaluación, presenta su renuncia.
El término anticipado radicó únicamente en catalogar el cargo servido por la actora como uno de exclusiva confianza de la autoridad, careciendo del respaldo legal necesario para ello, y luego se invoca la falta de necesidad de sus servicios, contradiciendo la argumentación anterior.
No desempeñó funciones por haber sido suspendida durante la tramitación de un proceso disciplinario.
Asimismo, deberá adoptar las medidas pertinentes para disponer el pago de las remuneraciones que ha dejado de percibir durante el tiempo en que se ha visto indebidamente alejada de la institución.
El servicio deberá reincorporarla por al menos el tiempo que resta del beneficio maternal y pagarle los honorarios que dejó de percibir por el tiempo que estuvo indebidamente alejada de su trabajo.
No obstante, no hay impedimento jurídico para que el organismo cubra la diferencia que exista entre el monto del subsidio por incapacidad que tiene derecho a percibir el/la trabajador/a que hizo uso de las licencias médicas indicadas y el total de los honorarios estipulados.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la recurrida que derivó en la aplicación de un descuento del 30% de los sueldos de los trabajadores.
Las Inspecciones del Trabajo carecen de competencia para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales ante el tribunal competente de los funcionarios que indica el texto legal.
Además, se constató que se cumplieron con las diversas etapas y actuaciones que la normativa prevé para tramitar el procedimiento sumarial.
El recurrente considera vulnerado su derecho a la integridad psíquica e igualdad, así como las normas que prohíben traslados de funcionarios fuera del lugar donde ejercen funciones desde 30 días antes de procesos eleccionarios.
