En noviembre de 2022, la demandante denunció el acoso laboral de un sacerdote miembro del directorio del Colegio, y en enero de 2023 fue despedida por “necesidades de la empresa”. La actora acreditó ante la magistratura que el despido fue un acto de venganza empresarial por la denuncia, pues el cargo que desempeñaba sigue vigente, y su continuidad en la institución sólo se cuestionó luego de dar cuenta del acoso.
La denunciada no logró acreditar los hechos en que fundó la causal de despido prevista en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo.
La carta de aviso de despido no fue remitida al actor.
Solicitó un pronunciamiento sobre la jornada de trabajo que les afectaba, del cual tuvo respuesta casi un año después, convocando a una reunión a los trabajadores de la empresa para analizar el camino a seguir, de lo cual tomó conocimiento la denunciada.
El procedimiento de tutela busca conocer y sancionar aquellas afectaciones graves al pleno ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador sin justificación suficiente.
