En el año 2014, el requerido fue acusado de participar en el asesinato de un particular en la ciudad de Quevedo, Ecuador. El ministro instructor estimó que los hechos revisten la gravedad suficiente para que el imputado sea enviado de regreso a su país a enfrentar a la justicia, en atención a los antecedentes acompañados por el Estado requirente, que dieron cuenta de los indicios serios de participación del acusado.

El máximo tribunal hizo lugar a la solicitud de la defensa de reducir la condena inicial -20 años-, debido a que el delito fue un homicidio simple y no un homicidio calificado, pues no se pudo acreditar ante la magistratura penal la existencia de la alevosía, siendo la dinámica de los hechos “la comisión de un ilícito cuando nadie puede evitarlo”.

Es posible que los magistrados del grado prefieran una prueba por sobre otra, pero para dotarlo de contenido, es necesario que los antecedentes que hacen descartar un supuesto deben ser al menos concordantes entre sí.

La mujer era miembro de una secta con creencias apocalípticas que abogaba por la “segunda venida de Cristo” a la que se unió tras contraer matrimonio con un líder de la misma. Podría volver a ser juzgada por otras muertes aún no esclarecidas.

El recurrente invocó argumentos contradictorios en su recurso. De manera principal abogó por su inocencia fundada en las imprecisiones del relato de los testigos de la causa, pero en su petición subsidiaria solicitó que se le aplique una pena atenuada por su participación en los hechos, alegaciones contrapuestas que se anulan entre sí y privan de sustento material a su libelo.

Asimismo, a tercer trámite fue remitida la norma que sanciona como delito la conspiración de un homicidio calificado luego que los senadores introdujeran cambios al mensaje presidencial.

El requerido fue condenado en el 2014 por dar muerte a un policía, y en junio de 2021 se decretó su expulsión del país vecino en un procedimiento administrativo por extrañamiento. El ministro instructor del máximo Tribunal indicó que, el “error administrativo” no puede ser enmendado mediante la petición de extradición, ya que produjo cosa juzgada.

El ministro Mesa Latorre ordenó la prisión preventiva de Flores Colimán por considerar que la libertad del procesado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Privación de libertad que deberá cumplir en libre plática en el Destacamento de Montaña “Tucapel” de Temuco.

Esto se desprende de las disposiciones contenidas en el artículo 440 y siguientes del Código Procesal Penal.

Petición del recurrente de considerar de forma muy calificada la circunstancia del artículo 11 N°6 del Código Penal en razón de su edad, no procede, pues, en la especie, le perjudica la agravante del artículo 12 N°7 de la misma norma.