Los ataques contra instalaciones médicas podrían constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario en lo relativo a la protección de infraestructuras sanitarias durante conflictos armados. Asimismo, señala que tales acciones podrían interpretarse como actos de castigo colectivo, lo cual está tipificado como crimen de guerra bajo las normas internacionales aplicables.
La Cuarta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del recinto asistencial que, tras haber practicado una primera operación en octubre de 2021, a la fecha no ha programado la segunda intervención para concluir el tratamiento.
En la sentencia, el magistrado acogió parcialmente la acción, tras establecer que la demandante, quien se desempeñaba como cirujana en el recinto asistencial de alta complejidad, fue víctima de maltrato laboral entre 2020 y 2022.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida tras constatar el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos.
La Comisión Evaluadora erró al asignar la puntuación otorgada a la adjudicataria al reconocerle experiencia durante un periodo en que dicha entidad no efectuó exámenes.
El reclamante alegó que el Hospital habría incurrido en un vicio al aceptar documentos tras pedir aclaraciones a ofertantes.
Los reclamantes señalaron que las bases de licitación no los obligaban a construir una UTP por escritura pública para ofertar.
El establecimiento se expone a multas de más de $750 millones de pesos.
El Tribunal estableció que hubo actuar negligente al administrar la sangre durante una transfusión en un procedimiento quirúrgico cardíaco, actuar que incluso fue reconocido en una investigación criminal y que provocó insuficiencia renal aguda y una embolia pulmonar al paciente. Por lo tanto ordenó una indemnización por daño moral de 20 millones de pesos al paciente y de 5 millones de pesos a su esposa.
La infraestructura que albergaba al ex Hospital, ha sido incendiada en numerosas ocasiones, y destruida por las condiciones climáticas y de terceros.
Tribunal Electoral estableció que los vicios fueron de una entidad suficiente para alterar el resultado de la elección.
