El delito de robo con homicidio requiere para su configuración la concurrencia de dos injustos distintos, a saber, uno contra la propiedad (robo) y otro contra la vida (homicidio), los que al concurrir en un caso específico forman un todo indivisible que origina un nuevo ilícito, cuyas características propias dan cuenta de una sustracción agravada por el hecho de dar muerte a la víctima, ya sea para facilitar la primera o para lograr su impunidad.
La Comisión de Transportes concluyó el análisis en particular del proyecto e incluyó medidas como ampliar las causas para retirar vehículos de circulación y establecer como agravante el robo o hurto en vehículos sin patente, entre otras acciones que buscan desincentivar el delito.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte Marcial.
La obligación de seguridad consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad. Su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Desde el momento en que el consumidor traspasa la línea e ingresa al ámbito de propiedad privada del centro de consumo, comienza a regir el marco tuitivo Constitución Nacional y de la Ley del Consumidor.
Los policías detuvieron en un bus de locomoción colectiva al acusado, quien momentos antes fue denunciado por sustraer dos teléfonos celulares. Los agentes revisaron los teléfonos y contactaron a las víctimas, acto autónomo permitido por el artículo 83 del Código Procesal Penal, verificando así la receptación de las especies incautadas.
Lo dispuesto en el artículo 3° letra d) de la Ley N° 19.496, debe apreciarse igualmente como un deber del consumidor de evitar los riesgos que puedan afectarle.
Según los artículos 3 letras d) y 23 de la Ley del Consumidor, y en especial atención al giro del proveedor, entre otros, la custodia de valores, el banco debe contar con sistemas de seguridad y vigilancia para evitar la comisión de delitos, ya que ello constituye una exigencia mínima del deber de seguridad.
Transacciones acusadas alcanzaron un total de $700.000, no obstante, no fue posible corroborar que terceros hayan participado en ellas.
No hubo alegaciones tendientes a acreditar la ilicitud en el obrar de la demandada, en el contexto de un despido por un presunto hurto realizado por el demandante.
El robo con intimidación es lo que se conoce como asalto, en el cual una persona o grupo de personas amenazan a otra personas o a un grupo de ellas o derechamente agreden a una o más personas para que les entreguen cosas o dinero, etc.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, que condenó a Santana Torres a las penas de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de incendio de inmueble habitado; 541 días de presidio como autor del delito consumado de hurto simple y 300 días de presidio por daños a bien de uso público.
