La empresa de transporte de valores alega que se le priva arbitrariamente de conocer los hechos por los cuales se le está investigando, afectando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

El requirente, La Polar, estima que la aplicación de la norma en el caso concreto pugna con los derechos establecidos en la ley de quiebras, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente estima que se le aplica una sanción injusta y desproporcionada, afectando sus derechos de propiedad e igualdad ante la ley.

Por unanimidad se declaró que los preceptos impugnados configuran una desprotección del trabajador, comprometiendo su libertad de trabajo y sus garantías mínimas de protección.

El requirente estima que el presupuesto que permite aplicar el procedimiento militar no justifica someterlo a un proceso carente de garantías.

La requirente estima que la negación de la posibilidad de apelar en el caso concreto afecta sus garantías de igualad ante la ley y debido proceso.

Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegan que fueron arbitrariamente excluidos de un bono de reconocimiento profesional.

El ejercicio de la facultad conferida a los tribunales resulta armónica con la naturaleza cautelar de la acción de protección, que busca restablecer el derecho y asegurar la protección del afectado.

La requirente estima que no se la puede sancionar nuevamente por los mismos hechos en sede administrativa por cuanto ello vulnera los límites de la capacidad punitiva del Estado.

La requirente estima que el artículo 318 del Código Penal no satisface los principios de legalidad y proporcionalidad, afectando sus garantías constitucionales.