La requirente alega que se regía por las normas especiales de las Fuerzas Armadas vigentes hasta el 28 de enero del 2022, por lo que no le corresponde responder en sede laboral asumiendo cargas y obligaciones desproporcionadas.
Mediando una parte vencedora en juicio que se encuentra en fase de hacer ejecutar lo juzgado, que ese cumplimiento se realice es el objetivo prioritario del legislador a la hora de diseñar un debido proceso ejecutivo, siendo, en consecuencia, particularmente incompatible con la procedencia ilimitada de excepciones. Así, el debido proceso ejecutivo laboral es eficaz para la verificación del cumplimiento.
El requirente alega que los preceptos legales impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
El requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, lo que vulnera su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.
El municipio alega que las normas objetadas vulneran los principios de juridicidad y de supremacía constitucional, afectan la jurisdicción, la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otros.
El apremio decretado en la gestión pendiente se inserta en la filosofía propia de los juicios ejecutivos, de cualquier naturaleza, que autorizan el embargo de bienes suficientes, de lo que se desprende que la creación de una inembargabilidad especial para los fondos constitutivos de la subvención escolar, dejaría al ejecutante en situación de desprotección frente al deudor.
El requirente acusa que la aplicación del precepto legal la priva del ejercicio de su derecho a accionar, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad ante la ley, contraviene los principios tributarios de legalidad, igualdad, justicia y capacidad contributiva, a su derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
La requirente estima que la norma objetada vulnera su garantía de igualdad ante la ley, el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho a defensa jurídica y a la no afectación de los derechos en su esencia.
El requirente alega que la aplicación de la norma vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación arbitraria, el principio de proporcionalidad y la garantía de la seguridad jurídica.
El requirente alega que la aplicación de la norma vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación arbitraria, el principio de proporcionalidad y la garantía de la seguridad jurídica.
