Los requirentes alegan que la limitación contemplada en el inciso primero, segundo y tercero del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

No existe ninguna justificación para el trato diferenciado a favor de la mujer. No se entiende cuál es la finalidad de esta diferenciación por razón del sexo o género. Si hubiese dispensado el mismo trato al varón, obviamente la mujer no se habría visto perjudicada. Normas legales como la cuestionada atentan contra la anhelada igualdad de género.

La Corte consideró que no se mencionaron hechos que afecten garantías constitucionales amparadas por la acción de protección.

El requirente alegó que la limitación recursiva resulta arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso. El voto del Presidente no dirime el empate en estos casos.

Resolver en base a los mismos antecedentes, vulnera el derecho a recibir un trato acorde a la condición de salud del recurrente y por, sobre todo, a que se reconozca y diagnostique adecuadamente las patologías que padece, para efectos de ordenar el pago, o no, de las licencias médicas.

La requirente estima que la causal invocada vulnera la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, porque se obliga al tribunal a dar curso al procedimiento concursal de liquidación forzosa aun cuando los títulos fundantes se encuentran prescritos, lo que en un juicio ejecutivo ordinario no es posible.

Como el artículo 48 no incluye el auto despido entre las causales conforme a las cuales los funcionarios de una dotación municipal de salud dejaran de pertenecer a ella, los requirentes alegan que se configura una discriminación arbitraria en su contra.

Al encontrarse en debate judicial el dominio de tales terrenos, no existe un derecho indubitado que pueda ampararse mediante la acción de protección.

La requirente estima que la declaratoria significa una carga totalmente desproporcionada que coarta su patrimonio.

Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegaron que fueron arbitrariamente excluidos de bono de reconocimiento profesional.