Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegaron que fueron arbitrariamente excluidos de bono de reconocimiento profesional.
El requirente estima que exigir oponer todas las excepciones en un mismo escrito resulta contrario a su derecho a la defensa, al debido proceso e igualdad ante la ley.
El requirente reclamó que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y debido proceso.
La requirente estima que la norma conculca su derecho a un justo y racional procedimiento, y la cosa juzgada derivada de una transacción como equivalente jurisdiccional.
La requirente estima que las sanciones aplicadas por la Corte de Apelaciones son desproporcionadas.
El requirente alegó que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
La requirente alega que la restricción recursiva lo deja sin la posibilidad de controvertir una sentencia viciosa, vulnerando el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El requirente alegó que retener dichos dineros a través de un embargo vulnera las garantías fundamentales de los alumnos de dicho establecimiento.
El requirente alega que la medida atenta contra su derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.
El requirente alegó que se le impide controvertir el fondo de la cuestión alegada, lo que infringe su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso, pues sólo se concede apelación en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio.
