Corte de Concepción estimó que la negativa del CBR para emitir los certificados, justificándose en la ausencia de dominio exclusivo de la actora, vulnera el artículo 50 de su Reglamento, así como la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
El requirente alega que la restricción recursiva afecta injustificadamente su derecho al recurso y constituye discriminación arbitraria en su contra.
El requisito establecido por la ley constituye una discriminación arbitraria en su contra alega el requirente, atenta contra la igualad ante ley, al derecho a desarrollar una actividad económica, al ejercicio de una profesión, entre otras garantía constitucionales que estima infringidas.
El requirente alegó que tal restricción afecta su autonomía como cuerpo intermedio, la igualdad ante la ley, el derecho a una justa retribución, a desarrollar una actividad económica, de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
La requirente alegó que el hecho de juzgar a un militar por un delito común contraviene la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.
El requirente estima que la limitación impuesta por ley, transgrede su derecho a la defensa.
La requirente estima que la norma impugnada transgrede su derecho al recurso.
La requirente alega que la aplicación de los preceptos legales impugnados vulnera su derecho a un justo y racional procedimiento, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.
Los preceptos impugnados son respetuosos de los principios de legalidad y juez natural, pues establecen, concretamente, que el procedimiento penal aplicable cuando sean los congresistas quienes cometen un delito, es el contenido en la Ley 600 de 2000 y este, en armonía de la Constitución, asigna a la Corte Suprema de Justicia la competencia para investigar y juzgar a los miembros del congreso.
El requirente alega que el precepto impugnado transgrede el principio de proporcionalidad de las penas y la igualdad ante la ley.
