El acceso a la educación es más difícil cuando se trata de personas indígenas, existiendo un gran déficit respecto a la escolaridad por los sacrificios que implica tener que asistir a establecimientos educacionales sin poder estudiar dentro de sus territorios, siguiendo sus propias costumbres y respetando sus culturas.

El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento alguno y afecta su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.

Los requirentes estiman que la norma establece un requisito adicional que limita su capacidad para negociar con su empleador, vulnerando sus garantías constitucionales.

El requirente estima que la distinción no encuentra justificación alguna y vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de protección al empleo.

El requirente alega que se infringe su derecho de acceso a la información pública, y con ello la igualdad ante la ley y el debido proceso.

El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable, infringiendo sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.

La Notario requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y carente de razón, lo que afecta gravemente sus garantías constitucionales.

La requirente alega que no puede defenderse de una ejecución que contraviene un derecho adquirido en procedimiento de familia, afectando sus garantías constitucionales.

Los requirentes estiman que el hecho de que no se permita solicitar la suspensión en etapas preliminares del procedimiento penal vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y debido proceso.

Norma impugnada constituye una regla razonable en su aplicación en la gestión pendiente. No resulta contraría a la Constitución.