Normas que otorgan mérito ejecutivo al acta del Comité de Administración de una comunidad para el cobro de gastos comunes, se impugnan ante el Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad.
El requirente alega que no se le permite controvertir un documento que carece de veracidad, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.