La congregación acusó el ingreso clandestino y violento de terceros a un inmueble de su propiedad. Los ocupantes han destruido parte de las instalaciones y cobran sub arriendos a terceros que ocupan las cabañas de descanso, situación que no encontró respuesta en la autoridad administrativa competente. El máximo Tribunal dispuso un plazo de dos meses para el desalojo y ordenó a las autoridades municipales y ministeriales disponer los medios para ello, así como de instalaciones de alberge provisorias.

Alberto Mayol fue beneficiado con una comisión de estudios para cursar un doctorado en España, no obstante, la recurrida redujo el monto del viático mensual asignado argumentando que con anterioridad el sociólogo habría emitido boletas por dicho ítem, discrepancia que en opinión del máximo Tribunal debe ser conocida por la justicia ordinaria.

El máximo Tribunal hizo lugar al recurso de protección interpuesto por una funcionaria a contrata en contra del municipio de Providencia, y ordenó el pago de las remuneraciones restantes al año que duraba la contrata. Pero no ordenó el reintegro de la actora al no existir legitima confianza, debido a que las renovaciones no excedían los 5 años de prestación de servicios.

La Universidad de Chile declaró vacante un cargo por salud incompatible del funcionario, debido a los seis meses de licencia médica presentada en un período de dos años, acto arbitrario e ilegal que contraviene lo establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que exige el informe previo de irrecuperabilidad emitido por la COMPIN, lo que no ocurrió en la especie.

El requisito del arraigo busca salvaguardar la rendición de cuentas por quienes ejerzan la función pública notarial. Para que el interés público sea protegido, se requiere contar con la seguridad de la existencia de un vínculo estrecho de la persona notaria con el Estado. En el presente caso el solicitante nunca tuvo arraigo en Guatemala.

El abandono de procedimiento no puede convertirse en una vía indirecta ni en un verdadero “atajo” de elusión del pago de la ineludible e irrenunciable obligación de entero de cotizaciones previsionales, respecto de las cuales el empleador es un agente retenedor fiduciario y enterador, pues lo contrario llevaría a un verdadero subsidio al incumplimiento de la legislación previsional.

La decisión deviene en arbitraria pues carece de fundamento e infringe la igualdad ante la ley desde vez que representa una discriminación respecto de otros voluntarios a quienes se les imputa la misma falta y fueron sancionados con medidas menores, y además no se le permitió al actor impugnar la sanción.

El descuento efectuado a la remuneración del recurrente es un acto abusivo, debido a que la Caja de Compensación pretende hacerse del cobro de su crédito sin acudir ante la judicatura respectiva, vulnerando el derecho de propiedad del actor.

El atraso por casi dos años en la tramitación de un sumario, resulta una demora arbitraria pues carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses casi se cuadruplique.

Al rechazarse la apelación de una sanción impuesta por su oficial superior, en el mismo acto se aumentó el castigo original, infringiendo el principio reformatio in peius, al dejar a la afectada en una peor posición de la que se encontraba antes de recurrir, circunstancia que vulneró la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad psíquica de la agente.