El requirente estima que se limita de sobremanera la acción para impugnar el avalúo fiscal reduciendo las causales a ciertos casos de error de hecho.
El requirente alega que la exigencia resulta carente de razón y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El derecho a la impugnación de las sentencias -el derecho al recurso-, que integra la garantía del debido proceso, no implica un derecho a un recurso en concreto, de modo tal que, establecida la posibilidad de revisión, el legislador es libre para determinar el modo y los procedimientos para lograrla.
La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
El requirente alega que se mantiene su estado de incertidumbre migratoria, afectando sus derechos de igualdad ante la ley y de tutela judicial efectiva.
La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.
Una institución del proceso civil como el abandono del procedimiento, que se sustenta en la igualdad de las partes, no es más que un medio para evitar la prolongación innecesaria de los procedimientos, pero que resulta particularmente inadecuado en sede laboral, ya que este diseño se afirma precisamente en la premisa contraria, esto es, en la desigualdad de las partes.
Se trata de información verídica que consta en un registro interno de acceso restringido, lo cual no lesiona la honra del recurrente. Además, de acuerdo al Código Procesal Penal, y las Leyes 19.650, 20.391 y 20.931 no solo debe mantener registros de sus investigaciones y resultados, sino que está obligado a hacerlo, para efectuar análisis a partir de ellos
