Los impugnantes estiman que el Decreto Supremo infringiría los límites de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, regulada en el artículo 32 N°6 de la Constitución, en cuanto ha trasgredido y pretendido ampliar sus competencias, normando aspectos que corresponden a una ley general y que establece las bases esenciales del medio ambiente, a saber, la Ley N°19.300.
La Ley de Conservación de la Naturaleza se aplica exclusivamente a especies de animales, aves y reservas naturales y no a la especie humana.
De igual forma, el municipio y su alcalde deben ser considerados como interesados en el procedimiento administrativo.
Los recurrentes carecían de derechos indubitados y los certificados que autorizaban la construcción fueron otorgados conforme a la ley.
La ley considera la participación de las comunidades en los estudios de impacto ambiental.
No tuvo en cuenta las observaciones formuladas por el reclamante, vulnerándose los principios de legalidad y proporcionalidad, así como el derecho de propiedad de la inmobiliaria.
Denuncian transgresión del derecho internacional indígena, en particular del Convenio 169 de la OIT, en virtud del cual el Estado tiene el deber de adoptar las medias especiales que se precisen para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios, siempre en consideración de los deseos que éstos expresen libremente.
Al calificarse favorablemente el proyecto no se tuvieron en consideración las observaciones ciudadanas formuladas en tiempo y forma, lo que vulnera el principio de participación y la exigencia de motivación suficiente del acto administrativo.
Alega que la resolución de inadmisibilidad recurrida tuvo como único fundamento la falta de legitimación activa del municipio, la que sí concurre en la especie conforme a lo dispuesto en la Constitución, en la Ley N° 19.300 y a lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El Comité de Ministros, al confirmar la resolución que calificó favorablemente el proyecto lo hizo sin considerar las observaciones ciudadanas sobre contaminación de napas subterráneas destinadas al consumo humano, entre otros riesgos.
Ante la instancia, la secretaria de Estado respondió a los diversos cuestionamientos del grupo parlamentario sobre la polémica por el proyecto minero Dominga y la eventual demora en declarar una reserva natural en la zona.
