El requirente alega que la aplicación de las normas impugnadas transgrede el principio de presunción de inocencia, puesto que el sentenciador desde el inicio del procedimiento lo asume culpable, lo que se acentúa considerando que él también es responsable de la investigación de los hechos.
El recurrente conserva la totalidad de los derechos para ejercer su defensa; tales como formular descargos, defensas y pruebas e incluso, impugnar el acto terminal si lo estima pertinente.
A pesar de que SEGPRES ejerce funciones de carácter político, y en este sentido se vincula con distintos actores –partidos, Congreso Nacional, etc.-, la Contraloría no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado pueden tener las acciones del gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones.
El requirente estima que el presupuesto que permite aplicar el procedimiento militar no justifica someterlo a un proceso carente de garantías.
La requirente estima que los preceptos legales impugnados vulneran las garantías constitucionales del debido proceso y la no discriminación arbitraria.
La imparcialidad se pierde en el momento en que el juez actúa como una parte dentro del proceso.
Polonia podría enfrentarse a sanciones económicas si no cumple la sentencia de la UE.
El procedimiento de nombramiento de jueces influenciado por los poderes legislativo y ejecutivo es incompatible con el artículo 6 del Convenio.
El Tribunal de alzada acogió el reclamo, tras establecer que en la especie la autoridad recurrida infringió el principio de imparcialidad.
Dicha Comisión adujo que las intervenciones de los jueces deben ajustarse al concepto de “neutralidad política” que inspira los principios de imparcialidad, independencia e integridad de los miembros de la Carrera Judicial.
