La Magistratura Constitucional razona que la contratación pública se vincula con la implementación de políticas horizontales y, por ello, existen múltiples razones para que el Estado exija contratar sólo con empresas que cumplan con las leyes laborales.
La requirente alega que infringe la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, como así también va en contra de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El CNTV multó con 50 UTM a empresa de cable que emitió película no apta para menores en horario de protección, sanción confirmada por los ministros recurridos, pero el artículo 33 inciso 2º de la Ley Nº18.838 fue declarado inaplicable por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional declaró inaplicable el precepto legal “o una licenciatura” contenido en el artículo 103, letra b), de la Ley 21.091, lo que tornó ilegal y arbitrario el dictamen de Contraloría que impedía acceder a la gratuidad a los alumnos del College UC.
Recurrente no pudo explicar como el uso de medios telemáticos influyó en lo dispositivo del fallo que pretendía anular, o cuál garantía del debido proceso se infringió mediante el uso del sistema de videoconferencias.
Vulnera las garantías de igualdad ante la ley, a un justo y racional juzgamiento y el derecho de propiedad.
Declara inaplicable el artículo 418 del Código Procesal Penal. El fallo se conocerá en los próximos días.
La norma carece de parámetros objetivos que permitan determinar las sanciones con proporcionalidad.
La norma impugnada comprende un completo test acerca de la validez procesal de las presunciones, y exige un conjunto amplísimo de conexiones y requisitos, cuya consecuencia es, precisamente, reducir la arbitrariedad judicial.
Los requisitos para inscribirse y la existencia del Registro no limitan los derechos a la libertad de trabajo, tampoco la libertad de desplazamiento de los pescadores artesanales.
Exigencia de la norma cuestionada no entraba la actividad profesional ni resulta arbitraria.
