La incompatibilidad maximiza la separación de funciones entre el personal municipal y el rol de los concejales, y busca evitar a priori el conflicto de interés entre quien ostenta el cargo de funcionario o trabajador, por una parte, y quien ejerce las funciones constitucionales normativas, resolutivas y fiscalizadoras que le corresponden al Concejo.
Inaplicabilidad
Imposibilidad de oponerse a la regularización de la posesión de pequeñas propiedades raíces por parte de descendientes del promitente vendedor es constitucional
Norma que establece que el auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación cuando lo interpusiere el Ministerio Público, no produce resultados contrarios a la Constitución
Declaración de bien familiar de inmueble perteneciente a una sociedad no está exento del pago de impuesto a la renta y se presume de derecho que es un retiro del socio o accionista
Se suspende causa de remoción de Gobernadora Regional de Coquimbo seguida ante el TRICEL por requerimiento de inaplicabilidad.
El Tribunal Constitucional acogió la solicitud de suspensión de la gestión pendiente luego de que la Gobernadora Regional presentara un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 23 sexies, inciso cuarto, de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
La ampliación de la servidumbre minera se sujeta en su tramitación al estatuto del Código de Minería y no a la normativa contenida en el Código Civil, resuelve el Tribunal Constitucional.
Particulares dueños de predios superficiales presuntamente afectados por solicitudes de ampliación de servidumbres para trasladar agua desalada hacia las faenas de una empresa minera, pidieron que se declare inaplicable el bloque jurídico completo del Código de Minería y de la Ley de Concesiones Mineras que las regulan, sosteniendo que la petición de ampliación debía tramitarse conforme las normas que regulan las servidumbres en el Código Civil, en un juicio de lato conocimiento.
Normas que imponen la condena en costas al abogado querellante por desconocimiento del derecho o negligente gestión, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.
El letrado objeta -entre otros- el artículo 50 del Código Adjetivo, asilándose en la Convención de la ONU contra la corrupción, tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, que prohíbe la condena en costas contra el abogado querellante y la víctima que denuncien delitos de corrupción, como en la especie, la prevaricación de los funcionarios de tribunales civiles.
Norma que no admite la prueba testimonial en recurso de revisión, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la prohibición de presentar testigos en sede de revisión vulnera la igualdad ante la ley y su derecho a defensa, debido a que torna ésta en ineficaz al no poder ofrecer un testimonio al que la defensa tuvo acceso después de dictada la sentencia condenatoria.
Norma laboral que restringe las excepciones que pueden oponerse en procedimiento ejecutivo no produce resultados contrarios a la Constitución.
Requirente alegó que la norma impugnada vulnera su derecho a defensa e igualdad ante la ley.
Norma que exige acompañar certificado emitido por el secretario del tribunal para interponer recurso de queja, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya Sala Tramitadora era la recurrida de queja, emitió tardíamente dicho certificado, lo que generó la inadmisibilidad del recurso por parte de la Corte Suprema.
Norma que permite al concesionario eléctrico titular de derechos de aprovechamiento de aguas construir servidumbres al amparo del Código de Aguas, se impugna en sede de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la empresa eléctrica intenta imponer las servidumbres en su beneficio fundada en las normas del Código de Aguas, luego de que omitió constituirlas conforme al procedimiento que regula la ley eléctrica, lo que contraviene el artículo 19 Nº 24 y Nº 26 de la Constitución.
TC declara inaplicable norma que le permite al juez de policía local fijar discrecionalmente el monto de la multa a infractor de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
La disposición no satisface las garantías mínimas que permitan sancionar adecuadamente una conducta infraccional, desde que su texto no establece un marco de justicia y racionalidad.
TC escuchó alegatos de admisibilidad respecto de norma que sanciona el ocultamiento o traslado fraudulento de un bien otorgado en prenda sin desplazamiento.
La norma sanciona el ocultamiento con privación de libertad de 61 a 540 días y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.
Inaplicabilidad que impugna norma de la ley de copropiedad inmobiliaria en caso de comunidad de un edificio que cobra gastos comunes a una persona que se adjudicó el inmueble en proceso de liquidación voluntaria, fue declarada inadmisible.
No se logró formar convicción de que se cumpla con la exigencia de que el requerimiento esté razonablemente fundado.