La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Letelier, quien estuvo por declarar admisible el requerimiento deducido, al no concurrir ninguna de las causales de inadmisibilidad del artículo 84 de la LOCTC.
La requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el principio de juridicidad, contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.
El paño de Avenida Presidente Kennedy de propiedad de la actora fue declarado de utilidad pública en 1994 mediante la dictación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (resolución N° 20, publicada en el Diario Oficial el 4 de noviembre de 1994), con el objeto de destinarlo a obras de vialidad conforme a lo que dispone el art. 59 de la LGUC.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La sentencia señala que no aparece justificado, entonces, que se restrinja la procedencia del recurso de casación en la forma y, de este modo, se excluyan (ni siquiera parcialmente) causales destinadas a corregir vicios sustanciales del procedimiento o que se encuentran contenidos en la sentencia.
La decisión de acoger fue acordada con la prevención del Ministro Pica, quien concurrió a la sentencia, teniendo presente únicamente sus propias consideraciones.
La decisión fue acordada con el voto preventivo del Ministro Pica, quien concurre a la sentencia, teniendo además presente sus propias consideraciones.
La sentencia sostuvo que la referencia a los reglamentos no supone una transgresión al principio de tipicidad, desde que no conforma el núcleo típico de la norma punitiva y del cuidado correspondiente con que debe ser ejecutada.
El TC señala que, la pretensión del requirente exige un examen previo de cuáles son las normas subsidiarias aplicables al caso. Sin embargo, dicho examen es un asunto de estricta legalidad al involucrar sólo cuestiones de interpretación jurídica.
