El accionar de las acudientes “se enmarcó en la buena fe y no en la utilización malintencionada de la jurisprudencia para promover la cultura de no pago”, pues, contrario a lo afirmado por los jueces de instancia, es claro que no dejaron de pagar las obligaciones por voluntariedad y sin debida justificación.

La normativa aplicable contiene dos exigencias expresas que no han sido respetadas. La primera es que la recepción de la factura en papel es considerada un derecho incondicionado del usuario. Y, en segundo lugar, que la renuncia ha dicho derecho no solo ha de ser expresa, sino que ha de manifestarse mediante un procedimiento directamente contemplado en la propia ley.

La comunicación del despido no ha logrado cumplir el recaudo de expresar de forma «suficientemente clara» los motivos en que se pretendió fundar la ruptura contractual. Por lo tanto, en la especie, la comprobada existencia de antecedentes del actor carece de conexión con un hecho presente.

Que el franquiciador haya venido cobrando el canon de la franquicia al franquiciado, o que haya cobrado también las prótesis y demás productos que ha suministrado al franquiciado, no lo hacen responsable de las consecuencias de los incumplimientos contractuales del franquiciado respecto de sus clientes ni obliga al franquiciador a dar a los clientes una solución ante tales incumplimientos.

Todos estos datos permiten mantener, como así se hizo en la instancia, que se había conculcado la cláusula ya mencionada, incurriendo en la falta muy grave que se le imputa de «fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas» sin que existiera un seguimiento personal y directo de las actividades del actor ya que el mismo había pactado su prestación de servicios a distancia.

No se demostraron las pretendidas causas organizativas y productivas alegadas por la empresa, ni tampoco se respetaron los criterios de antigüedad y proximidad al domicilio a los que se refiere la normativa aplicable.

La configuración jurídica del concepto de culpa o negligencia por incumplimiento contractual en el ámbito del suministro eléctrico se ha apartado de la clásica configuración de la negligencia como reproche culpabilístico a una conducta concreta del deudor, convirtiéndose en una imputación derivada de una asignación de los riesgos típicos de la actividad empresarial.

“Una startup sin fines de lucro ha recaudado decenas de millones de dólares en contribuciones con el propósito expreso de desarrollar tecnología AGI para beneficio público, y poco antes de lograr el hito para el que fue creada, esta se ha convertido en un socio cerrado y con fines de lucro de la corporación más grande del mundo, enriqueciendo así personalmente a los demandados”, señala la demanda.

El vendedor está obligado a entregar al consumidor productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto. En el caso de que se trata hay que estimar acreditado que el móvil enviado no era conforme con lo contratado, ya que no poseía ni presentaba una de las cualidades, «color Oro», que Vodafone había ofrecido.

La pasividad del servicio ante el conflicto laboral que sufrían los demandantes vulneró la normativa en materia de prevención de riesgos. Nos hallamos ante un caso de pasividad empresarial flagrante y continuada, puesto que se desentiende de sus obligaciones de seguridad y salud para con su trabajador, a pesar de conocer la situación de riesgo en la que se encontraban durante años.