El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia que ordenó a la demandada el pago de la multa establecida a título de cláusula penal, por la suma de $13.038.548.
El fallo de primera instancia desestimó las alegaciones de los estudiantes afectados por falta de pruebas que dieran cuenta del incumplimiento del contrato de educación, pero la Corte revocó esa decisión tras establecer que la prueba del cumplimiento era carga del proveedor denunciado.
Se constató que el empleador actuó de mala fe al fundar los despidos en un supuesto término de operaciones que demostró ser un cierre simulado, y por presentar una nueva oferta laboral en condiciones desventajosas para los empleados.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó a la parte demandada el pago de 805,3220 UF por daño material y $4.000.000, por concepto de daño moral.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en la forma intentado por constructora en contra de la sentencia, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que desestimó, con costas, la demanda.
El Tribunal estableció que en la especie se constata la responsabilidad de la compañía aseguradora al incumplir la obligación pactada de cubrir la reparación del vehículo.
El Tribunal estableció responsabilidad por la entrega de productos no aptos para realizar la función solicitada.
La demandada Mrksa SpA. se comprometió a ejecutar el encargo, esto es, vender el piano de propiedad de la demandante, a cambio de una comisión del 10% más IVA sobre el precio de venta.
El Tribunal de alzada acogió la acción, al considerar que hay responsabilidad de la empresa contratada por no otorgar el servicio.
El máximo Tribunal desestimó los recursos impetrados en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó a la clínica privada el pago de $16.277.216, por concepto de daño emergente, más una indemnización por daño moral de $2.000.000.
