Los demandados son condenados a reparar el daño causado por un tercero a la familia de la víctima fallecida, bastando para acceder a este derecho demostrar la concurrencia del perjuicio, nexo causal entre la conducta y el daño ocasionado.
Se concluye finalmente el proceso seguido –en sede de libre competencia- en contra de las coludidas empresas productoras de carne de pollo por afectación al interés difuso de los consumidores nacionales.
La responsabilidad del profesional sanitario que actúa como garante debe ligarse al hecho de que haya incrementado el riesgo permitido, y lo haya hecho al haber actuado negligentemente, y con tal comportamiento haya contribuido al resultado, siéndole reprochada su conducta a través de la teoría de la imputación objetiva.
El inciso penúltimo del artículo 169 de la Ley del Tránsito, dispone que la Municipalidad respectiva es responsable civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización.
Se reúnen los requisitos exigidos por la norma para la procedencia del reclamo por daño directo impetrado en nombre de la niña en tanto el acto es antijurídico, el demandado ha actuado con culpa, se ha generado daño moral por ausencia de la figura paterna y falta del emplazamiento familiar correspondiente, que la niña sufre con independencia de su discernimiento. Este daño guarda una relación causal adecuada con la conducta omisiva.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.
El ente edilicio es responsable de las señalizaciones adecuadas para la evitación de accidentes en las vías por las cuales transitan los peatones; tanto para señalizar imperfecciones, anunciar baches, trabajos en la vía, poca iluminación, desvíos, entre otros.
Si bien a la fecha de notificación de la demanda ya habían trascurrido los 4 años de prescripción de la acción, dicho plazo se suspendió en favor de 2 de los 3 demandantes, que eran menores de edad al momento de ocurrir el accidente.
Ser magistrado implica estar en una línea de conflicto permanente en función del respeto de los derechos individuales y fundamentales de los ciudadanos, que a la vez entran en conflicto con los derechos de otros ciudadanos. Por ello, cualquier juez es susceptible de ingresar en conflicto o tensión con un funcionario, político o legislador de otro espacio de poder del Estado o con un periodista a quien no satisface una resolución y por lo tanto la cuestiona en el ámbito mediático.
Los actos de la empresa impidieron que se materializara peligro alguno en la integridad física de la trabajadora, pero deben reputarse vulneradores de su derecho a la integridad física al haber negado la tramitación de la baja por riesgo de embarazo que resultaba procedente, durante un tiempo considerable que obligó a la demandante a que constantemente estuviese gestionando su situación con la potencial tensión emocional que ello puede provocar.
