Aun cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no debe responsabilizarse de todas las caídas que sucedan en el ámbito de su jurisdicción, en esta litis se acreditó que la escalera resultaba peligrosa para el ascenso y descenso de los ciudadanos debido a la existencia de los granos de arroz allí desparramados.

La caracterización de la gratuidad u onerosidad del mandato, tiene incidencia en la valoración de la responsabilidad contractual del mandatario, que deberá estimarse con mayor o menor rigor según que el mandato haya sido o no retribuido, operando la gratuidad como posible criterio de moderación de la responsabilidad del mandatario.

La demanda fue presentada en 2019, en la cual se alegó que los mensajes de voz del teléfono del príncipe habían sido hackeados mediante una recopilación ilegal de información. La demandada desmintió categóricamente esta acusación.

La Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.

La mujer sostuvo que De Niro la sometía a largas jornadas laborales, le pagaba de manera insuficiente y la obligaba a realizar tareas no relacionadas con su posición ejecutiva, como lavar la ropa. Estas alegaciones sugieren un conflicto en las percepciones sobre las responsabilidades laborales y las condiciones de empleo entre ambas partes.

La magistrada condenó a la empresa supermercadista por infracción a contrato de depósito. No obstante proporcionar un servicio gratuito de estacionamientos, ello no la excusa de su obligación de resguardo de la cosa que se caracteriza en el caso de autos con la adopción de medidas de cuidado y de seguridad en aras de la debida restitución de la especie.

Valeo acusa a Nvidia de haberse beneficiado del uso indebido de los secretos comerciales robados. Según informes, el presunto robo de datos salió a la luz al año siguiente durante una videoconferencia de Microsoft Teams, en la que el personal de Nvidia y Valeo discutieron un proyecto conjunto de asistencia de estacionamiento.

La Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso por manifiesta falta de fundamento.

El deporte suele implicar una actividad fundamentalmente física, con finalidad recreativa o competitiva. Por eso los deportistas deben asumir las lesiones que sean consecuencia de una acción permitida por las normas que rigen el deporte del que se trata y también aquellas otras que, aunque constituyen infracciones, son inherentes al deporte debido al ímpetu de los participantes en su desarrollo.

En el fallo, el magistrado hizo lugar a la acción tras establecer el incumplimiento contractual de la clínica y del médico tratante, por lo que los condenó a pagar solidariamente a la afectada la suma de $15.000.000 por daño moral y $3.811.140 por daño material, y un total de $15.000.000 por indemnización de perjuicios a cónyuge e hijos.