En el fallo, la magistrada estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio, al no impedir el acceso y uso de armas blancas por quienes están bajo su cuidado.
La Decimotercera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce la indemnización en proporción al daño acreditado.
El juez estableció la responsabilidad extracontractual de la entidad bancaria que, con su actuar negligente, provocó perjuicios al demandante al enviado sus antecedentes al boletín comercial por una deuda que le era del todo ajena.
La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que la suma a pagar a la demandante, María Verónica Bueno Cifuentes, se aumenta en proporción al daño causado.
El error judicial tiene un fundamento distinto pues la responsabilidad del Estado nace en tal caso del hecho de constituirse en cierto modo como asegurador o garante por los daños o perjuicios causados en virtud de resoluciones equivocadas de los tribunales ya que las mismas han sido adoptadas en el ejercicio independiente de la función judicial sin posible control por parte de la Administración.
Al momento de bajar por las escaleras desde el quinto piso del edificio, sufrió una caída de al menos 10 escalones, debido a que estos se encontraban mojados, sin ningún tipo de señalética que lo advirtiera.
La Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, por manifiesta falta de fundamento.
La Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso al no configurarse la causal de nulidad invocada por el recurrente.
La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local, con declaración que se aumenta a $2.000.000 el monto de la indemnización por concepto de daño moral que la empresa demandada, La Serena SpA, deberá pagar a la afectada y la multa de 4 UTM, será a beneficio fiscal y no municipal.
La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Osorno que, además, condenó a Mazda y la empresa concesionaria a pagar 5 millones de pesos por concepto de reparación o reemplazo de partes defectuosas del vehículo (airbags) y al pago de una multa a beneficio fiscal de 50 UTM por infracción a la ley del consumidor.
