La reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras, pone de relieve un caso en donde el Poder Ejecutivo realizó un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial hondureño destituyendo a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras.
La condena se confirmó estrictamente sobre la base de las pruebas obrantes en el expediente del caso, al establecerse correctamente los hechos y aplicado debidamente la ley. El artículo periodístico y las grabaciones de vigilancia publicadas no violaron el derecho del actor a un juicio justo ni su presunción de inocencia.
Para poner fin a las violaciones sistémicas del artículo 6.1 del Convenio identificadas en este y en casos anteriores, Polonia debe tomar medidas legislativas apropiadas para cumplir con los requisitos de un “tribunal independiente e imparcial establecido por la ley” y con el principio de seguridad jurídica.
Realizó un recuento de sus hitos anuales y destacó el cumplimiento de los 25 años de la adopción del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI. Además, lamentó los desafíos que ha debido enfrentar la Corte en un mundo cada vez más conflictivo e inestable.
Corresponde al tribunal nacional comprobar si la concentración de facultades es capaz de conferir, en la práctica, a las personas que la ostentan, la capacidad para influir en la orientación de las decisiones de los jueces afectados y crear así una falta de independencia o una apariencia de parcialidad de estos que pudiera menoscabar la confianza que la Justicia debe inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática de Estado de Derecho.
El requirente alega que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías, que contraviene la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la igualdad ante la ley, y otras garantías aseguradas en tratados internacionales.
Los Ediles a pesar de nombrar a los Jueces de Policía Local –previa propuesta de las Cortes de Apelaciones respectivas-, no ejercen un control ni son superiores jerárquicos de tales Magistrados, quienes ejercen sus funciones con plena independencia de los funcionarios municipales.
La víctima fue destituida por una decisión del Congreso actuando fuera de sus competencias. De esta forma, el Estado violó el derecho a que la decisión sobre la determinación de sus derechos fuera realizada por una autoridad competente conforme a la legislación interna, en relación con la garantía de la independencia judicial, que incluye la garantía a la estabilidad e inamovilidad en el cargo.
Estas publicaciones tienen por objeto dar a conocer las principales líneas jurisprudenciales del Tribunal en diversos temas de relevancia e interés regional.
Desaparece al Poder Judicial como poder del Estado, desmembrándolo en múltiples sistemas de justicia, lo que atenta contra la igualdad ante la ley, genera incertidumbre respecto de la normativa aplicable, y el Consejo de la Justicia, por su integración, tiene el riesgo de ser capturado por la política.
Defender la independencia judicial no es un concepto abstracto que atañe a jueces y abogados o a potenciales litigantes, sino que es un componente esencial del proceso democrático. Siempre lo fue, pero ahora es evidente de manera que todo lo que afecte la independencia judicial ya empieza a ser y ya debe ser materia de observación y de especial sospecha como el primer paso a un proceso autoritario.
