La víctima fue destituida por una decisión del Congreso actuando fuera de sus competencias. De esta forma, el Estado violó el derecho a que la decisión sobre la determinación de sus derechos fuera realizada por una autoridad competente conforme a la legislación interna, en relación con la garantía de la independencia judicial, que incluye la garantía a la estabilidad e inamovilidad en el cargo.

Estas publicaciones tienen por objeto dar a conocer las principales líneas jurisprudenciales del Tribunal en diversos temas de relevancia e interés regional.

Desaparece al Poder Judicial como poder del Estado, desmembrándolo en múltiples sistemas de justicia, lo que atenta contra la igualdad ante la ley, genera incertidumbre respecto de la normativa aplicable, y el Consejo de la Justicia, por su integración, tiene el riesgo de ser capturado por la política.

Defender la independencia judicial no es un concepto abstracto que atañe a jueces y abogados o a potenciales litigantes, sino que es un componente esencial del proceso democrático. Siempre lo fue, pero ahora es evidente de manera que todo lo que afecte la independencia judicial ya empieza a ser y ya debe ser materia de  observación y de especial sospecha como el primer paso a un proceso autoritario.

La reforma profundiza la crisis institucional en Venezuela.

Si los Estados no garantizan la seguridad de quienes ejercen la labor jurisdiccional contra toda clase de presiones externas, la actividad judicial puede ser gravemente afectada, obstruyendo el acceso a la justicia.

El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en julio de 2021 es necesario para evitar un perjuicio grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a los valores en los que se basa dicha Unión.

Sin independencia judicial no existe Estado de derecho ni es posible la democracia.

Es deber de los Estados garantizar la inamovilidad de los jueces hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos.

Polonia podría enfrentarse a sanciones económicas si no cumple la sentencia de la UE.