Se le impide a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano jurisdiccional.
Las Diputadas y Diputados requirentes sostienen que se vulneraría el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos y la libertad de enseñanza.
El arresto decretado en el juicio que da origen a este requerimiento no reuniría el requisito de proporcionalidad, pues el ente municipal es dueño de bienes embargables sobre los cuales el acreedor puede hacerse pago.
Desvinculó a un trabajador de forma discriminada motivada en la opinión política del demandante en la gestión pendiente.
Los requirentes habrían promovido y perdido dos incidentes en el mismo juicio.
La norma objetada carece de parámetros que permitan determinar cuándo se está ante el incremento patrimonial “relevante” e “injustificado” al que se refiere, y prescinde además en términos absolutos de la descripción de conductas concretas.
Se transgrede el principio de servicialidad, por cuanto los efectos que la sanción produciría sobre terceros debilitarían la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, con afectación de los derechos fundamentales de esos terceros.
Se infringiría el debido proceso, específicamente el principio de tipicidad.
Alega que el Juzgado de Letras de Castro tuvo por no presentado escrito de excepciones dilatorias, en virtud del incumplimiento de una condición que el mismo tribunal determinó, lo que sería incompatible con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución.
La requirente es denunciada por un Sindicato que alega vulneración de derechos fundamentales por prácticas antisindicales.
