Esta busca establecer mecanismos de medición, control y sanción para verificar que la función pública se desarrolla de manera adecuada en concordancia con el mandato constitucional.
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la Constitución o las leyes.
Los órganos del Estado, sus titulares y sus integrantes deben someter su actuar a la Constitución, las leyes y a las normas dictadas conforme a ellas, y garantizar el orden institucional de la República.
El nuevo texto Fundamental debe señalar con claridad el respeto irrestricto, irrenunciable, imprescriptible, inviolable e inalienable a la dignidad humana con el Estado como principal protector para que se cumpla.
El Estado debe adoptar las medidas para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, persiguiendo administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones administrativas, civiles o penales que determine el legislador.
Además la familia es el primer espacio de desarrollo y no debe ser reemplazada ni amenazada por un orden social superior.
Además, el Estado debe resguardar la seguridad interna y externa de la Nación con el fin de dar protección a su población.
El Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y garantizar su autonomía para cumplir sus propios fines.
Además, solo se podrá convocar a votación popular para las elecciones y plebiscito expresamente previstos en la Constitución.
Además, que es deber del Estado y de toda persona proteger y conservar el medio ambiente y los bienes públicos; que la destrucción, daño o menoscabo ambiental generará las responsabilidades que establezca la ley y que las actividades económicas que tengan efecto en el medio ambiente se sujetarán a las normativas medioambientales vigentes.
