Determinó que los reclamos presentados por X no estaban justificados legalmente y que la CCDH estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión en un tema de interés público al denunciar discursos de odio en línea.
Interés público
Polonia vulneró la libertad de expresión al negar a una ONG información sobre la agenda de reuniones de los jueces del Tribunal Constitucional, resuelve el TEDH.
Portugal debe indemnizar a académico condenado por involucrar a un político y a un estudio jurídico en una trama de corrupción, resuelve el TEDH.
Normas técnicas armonizadas sobre la seguridad de los juguetes deben estar a disposición de todos los ciudadanos de la Unión Europea, resuelve el TJUE.
Tribunal argentino rechaza suspender Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el presidente Javier Milei.
Teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente, no encuentro que se den razones «graves y objetivamente impostergables» que habiliten el dictado de una medida cautelar «interina», considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia.
Suiza no vulneró la libertad de reunión de una asociación sindical al establecer medidas restrictivas durante la pandemia del Covid-19, resuelve el TEDH.
En un contexto sin precedentes y altamente sensible, había sido aún más importante que las autoridades nacionales tuvieran primero la oportunidad de lograr un equilibrio entre intereses públicos y privados en competencia o entre diferentes derechos protegidos por el Convenio, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones locales y la situación de salud pública, tal como estaba en ese momento pertinente.
Demandas indemnizatorias de hoteleros que sufrieron perjuicios durante la pandemia del Covid-19 son rechazadas por tribunal español.
Se inadmite la pretensión, pues se trata de un daño no real ni efectivo y meramente hipotético. Y es que por un lado es notorio que tras la pandemia el sector no solo no ha perdido clientela, sino que se ha visto estimulada con el levantamiento de las medidas restrictivas acordadas durante la pandemia, sin que haya datos para afirmar que el ciudadano ha perdido hábitos de consumo por tales medidas.
Decisiones de las autoridades relativas al tratamiento de datos personales deben ser vinculantes y susceptibles de ser impugnadas, resuelve el TJUE.
Al informar al interesado del resultado de las comprobaciones, la autoridad de control competente adopta una decisión jurídicamente vinculante. Esta decisión debe poder ser objeto de recurso para que el interesado pueda impugnar la apreciación de la autoridad de control sobre la legalidad del tratamiento de datos y la decisión de proceder o no a adoptar medidas correctoras.
Periodistas no están obligados a revelar sus fuentes confidenciales si el solicitante no acredita un interés público en ello, resuelve la Corte Suprema de Canadá.
La persona que se oponga a la divulgación de información o de un documento que identifique o pueda identificar a una fuente periodística, debe demostrar que es un “periodista” y que su fuente es periodística. A continuación, si la persona lo consigue, es la parte que pretende conocer la identidad de la fuente quien debe demostrar que se cumplen las condiciones para la autorización judicial de la divulgación, siempre que exista un interés público.
Sobreseimiento en sede penal no habilita por sí sólo para exigir la supresión de los datos contenidos en los buscadores de Google, resuelve un tribunal argentino.
En lo que se refiere particularmente a los motores de búsqueda, la decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación, por lo que ello configura una medida extrema.
Normas que agravan las penas para conductores que incumplen las normas de tránsito en zonas escolares son constitucionales, resuelve la Corte Constitucional de Corea del Sur.
Las desventajas que enfrentan los conductores que deben ejercer una mayor precaución en las zonas escolares y restringir la forma en que conducen son superadas por el interés público en imponer un castigo mayor para los conductores que violan su deber de cuidado para así garantizar que los niños eviten los peligros de los accidentes de tráfico y lleven vidas seguras y saludables.
Moción parlamentaria que creó una comisión investigadora para investigar las presuntas irregularidades en la elección del ex presidente Pedro Castillo, es nula.
La creación de la Comisión no cumplió con el número mínimo exigido por la norma; esto es, con 35% del número legal de congresistas. Ello no quiere decir que el Congreso no tenga competencia para formar una comisión investigadora que aborde asuntos de interés público, más allá de que los resultados electorales permanecerán inalterables, al ser preclusivos y perentorios.
Turquía vulneró la libertad de expresión de jueza sancionada disciplinariamente por cuestionar públicamente una reforma judicial implementada por el gobierno.
Cuando se entablan procedimientos disciplinarios contra un juez, está en juego la confianza del público en el funcionamiento del Poder Judicial. Todo juez que sea objeto de un procedimiento disciplinario tiene derecho a salvaguardias contra la arbitrariedad. En particular, debe tener la oportunidad de que la medida en cuestión sea examinada por un órgano independiente e imparcial competente.
Expresiones consideradas difamatorias proferidas en un debate sobre asuntos de interés público están amparadas por la libertad de expresión, salvo que el daño esté debidamente acreditado.
El actor debía proporcionar evidencia que le permita al juez inferir la probabilidad de daño de una magnitud suficiente para superar el interés público en proteger la libertad de expresión del demandado. Además, la legislación exige alguna prueba que permita al juez inferir un nexo de causalidad entre la expresión del imputado y el daño sufrido. Y existe una escasez de pruebas respecto al presunto daño causado.