El fallo plantea una serie de acreditaciones como motivación del acto administrativo, propio del control jurisdiccional latente en un Estado de Derecho, elevando un estándar de justificación de Seguridad Nacional para desestimar el arraigo familiar del penado con más de 1.841 kilómetros de distancia.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, al constatar deficiencias en condiciones de habitabilidad del recinto penal y la vulneración de derechos fundamentales de los amparados.
La Segunda Sala del tribunal de alzada hizo lugar a la acción constitucional de amparo, e instruyó a la institución penitenciaria adoptar las medidas tendientes a resolver los problemas de infraestructura de los servicios de higiene, que impiden el digno acceso de las personas privadas de libertad a los servicios sanitarios del establecimiento penal.
El máximo Tribunal consideró arbitrario el actuar de Gendarmería de Chile y el Servicio Electoral (Servel), ya que atentan contra la legislación nacional e internacional al no realizar las gestiones para asegurar el derecho a voto de los reclusos.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer que el actuar de Gendarmería se ajusta a derecho y a las facultades que posee para proceder a la reubicación de los internos, de acuerdo a un plan que buscan evitar el hacinamiento de la población penal.
El máximo Tribunal ratificó la resolución que descartó actuar arbitrario de la institución penitenciaria que no dio lugar a las solicitudes presentada por los internos José Sergio Tralcal Coche y Luis Sergio Tralcal Quidel.
El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial, tras establecer que los amparados no están engrillados a las camas que ocupan en la UCI del centro asistencial, tal como lo denunció la defensa.
