El a quo ha copiado casi literalmente los párrafos del escrito de acusación del Fiscal que contenían un error de fechas y lo ha arrastrado a los hechos probados, vulnerando la doctrina de que las sentencias deberán ser fundamentadas y deben huir de estereotipos o “copia-pega”. Desde la perspectiva de su estructura puesta de manifiesto en la configuración de los hechos probados, resulta irracional.
Condena las amenazas que están recibiendo intervinientes del Sistema Procesal Penal, que importa un claro atentado en contra del ejercicio de la función que le corresponde a los Fiscales y a los Jueces, lo que no respeta la debida objetividad e independencia que debe asegurarse para el adecuado ejercicio de las funciones que realizan.
En la propuesta también se pide que el Estado establezca mecanismos para supervisar un uso racional de los recursos naturales, y la creación de la Agencia Nacional de Aguas y Agencia de Evaluación Ambiental, Diálogo y Sostenibilidad. Además, se plantea incluir en la Constitución el derecho a vivir en un “entorno sano”.
En el comentario a la propuesta de la Comisión Experta, elaborado por profesores de Derecho UC, se advierte que este órgano no abordó temáticas como la falta de transparencia y ausencia de información sobre calificación de jueces que existe hoy, por lo que se plantea incluir esta evaluación de desempeño de los magistrados en la Constitución.
Los fiscales Tita Aránguiz Zúñiga, Carla Troncoso Bustamante, Jaime Salas Astraín y Anamaría Quintero Harvey pidieron pronunciamiento al tribunal de alzada, el cual luego de analizar la situación y pedir informe a los jueces, estableció que la comunicación telemática no permite fiscalizar el estado de los internos, por lo que deben volver a ser presenciales.
Los jueces o juezas deberán excluir el grado mínimo de la pena o el mínimo dentro del grado determinado en aquellos delitos contra las personas si procede la agravante de que la víctima es menor de 18 años, adulto mayor o persona con discapacidad.
El artículo 63.2 de la Convención dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
Constituye una diferencia arbitraria respecto al resto de los trabajadores, quienes reciben el beneficio de jubilación de forma inmediata.
Al omitir pronunciamiento sobre la petición de prórroga como residentes con asilo político, la recurrida privó, perturbó y amenazó la libertad personal y seguridad individual de los amparados.
El Colegio de Abogados afirma que que la suspensión de algunas causas, especialmente en materia civil, motivada por las restricciones legales existentes, ha sido en muchos casos excesiva, ocasionando una gran congestión que amenaza provocar un colapso cuando concluya el estado de catástrofe.
Los retos que las Redes Sociales plantean a los jueces que quieren participar en ellas no son pocos. Algunos jurídicos (como los disciplinarios) y otros éticos. Pero éstos últimos, ampliamente expuestos por instituciones nacionales e internacionales, no deben conducir a una restricción real de un derecho fundamental como es la libertad de expresión, so pena de convertir a los jueces en ciudadanos de segunda categoría.
