Los requirentes estiman que la restricción establecida en la norma impugnada los posiciona en un estado de indefensión procesal.
La requirente estima que la rebaja del valor del bien embargado resulta desproporcionada y perjudicial para su patrimonio.
El requirente alegó que los preceptos impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, derecho de propiedad, y la no afectación de las garantías constitucionales en su contenido esencial.
El cobro de patente en estos casos carece de obligación, por ende, el respectivo título no posee fuerza ejecutiva, según el numeral séptimo del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.
El requirente alega que se le obliga a vender su inmueble a un precio muy inferior al de mercado, vulnerando sus garantías constitucionales.
El deudor intentó impedir la ejecución alegando que el protesto de los documentos no se efectuó conforme al artículo 22 del D.F.L. Nº707, argumento desechado por el máximo Tribunal en atención a que los documentos acompañados cumplían con los requisitos de los títulos ejecutivos establecidos en el Nº4 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil.
El requirente alega que se permite vender en subasta pública acciones de su propiedad a un precio muy bajo sin que pueda oponerse, afectando sus garantías constitucionales.
La ejecutada pagó en la cuenta del Tribunal el monto adeudado a la ejecutante días antes de la interposición del libelo, y pese a que en el pago no se expresa número de cuota, el monto consignado coincide con el valor que se reclama como adeudado, por ende, los jueces de fondo debieron apreciar esta situación para hacer lugar a la excepción opuesta.
Requirente alegó que la norma impugnada vulnera su derecho a defensa e igualdad ante la ley.
La requirente alega que la medida es desproporcionada y atenta contra el derecho a la educación y el derecho de propiedad.
