El abogado no verificó la exactitud de los casos citados por ChatGPT antes de incluirlos en su libelo. Fue solo en la mañana de la audiencia que se dio cuenta de posibles errores en las citaciones y admitió no haber revisado los casos. Atribuyó falsamente los errores a un pasante legal cuando el juez expresó reparos al respecto.

El magistrado argumentó que las discrepancias resultaron del uso inadecuado de una herramienta virtual de búsqueda de jurisprudencia y que la decisión fue preparada por un «asesor de confianza. Se le confirió un plazo de 15 días para entregar mayores antecedentes.

La cita de fallos de determinados precedentes sin analizar acabadamente por qué el caso es similar, por qué debe llegarse a tal o cual conclusión, no completa el requerimiento de una sentencia válida conforme lo exige nuestro ordenamiento jurídico.

El registro de la marca solicitada por las actoras y su utilización no le ocasiona perjuicio alguno a la oponente. Ambos conjuntos contienen las palabras MUJERES y MUNDO, ambos son términos evocativos que las convierten en marcas débiles. Si bien es innegable que ambas son similares, esto se debe a los vocablos evocativos que las partes decidieron introducir en las marcas objeto del presente cotejo, por lo que deben tolerar las consecuencias de ello.

En lo que se refiere particularmente a los motores de búsqueda, la decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación, por lo que ello configura una medida extrema.

El principio objetivo de la derrota que sigue el ordenamiento procesal no constituye una regla inflexible. La norma atribuye una cierta discrecionalidad al magistrado para que se aparte de ese criterio y exima total o parcialmente de tal responsabilidad al litigante vencido, con expresión de los fundamentos.

El incumplimiento de la obligación de establecer sanciones penales efectivas para proteger los intereses financieros de la UE infringe su legislación. Los Estados miembros están obligados en virtud de la legislación de la UE a luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE mediante medidas disuasorias.

La jurisprudencia ha dictaminado que la Constitución no impone una forma única de estructurar la producción. Por el contrario, el principio constitucional de libre empresa garantiza a los agentes económicos la libertad de elegir sus estrategias comerciales en el marco actual. La protección constitucional del trabajo no exige que todos y cada uno de los servicios retribuidos constituyan una relación laboral.

Existen precedentes que en el caso bajo examen -en los términos expuestos- resultan aplicables por ser análogos o idénticos, por lo que el juez debe aplicarlos al caso concreto por su fuerza vinculante y obligatoria. En consecuencia, posee trascendencia lo expresado en esta sede, cuando al resolverse un recurso de amparo contra el colegio profesional la Sala Constitucional ha dictaminado la colegiatura obligatoria.

Tratan del orden público y uso de la fuerza, restricción y suspensión de derechos humanos, y derecho a la salud.