La causa en el TER Metropolitano se encuentra en periodo de prueba, habiéndose proveído el debido auto de prueba en junio de 2019 y, fijándose los hechos sustanciales y controvertidos en la causa.
La acción enfatiza en que el actuar de la Alcaldesa, como, por ejemplo, los constantes escándalos públicos que han significado pronunciamientos de la Contraloría que reprochan, e incluso la sancionan por incumplir las normas sobre probidad administrativa y el uso eficiente de los recursos públicos, ha generado una imagen negativa de la Municipalidad que afecta a toda la comunidad.
Establece que los TER deberán adoptar todas las medidas sanitarias correspondientes para proteger la salud y seguridad de los Ministros, Abogados Miembros, funcionarios y usuarios que acuden a las dependencias del Tribunal.
El artículo 41 del Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, en su inciso primero dispone que el recurso de apelación que se dirige contra la sentencia pronunciada por un TER, debe deducirse en un plazo de 3 días corridos.
En la sentencia se determina que, no es atribuible a la recurrente ni la desafiliación genérica realizada por el Partido Renovación Nacional, ni las consecuencias de tal acto, por lo que no le afecta ningún impedimento para ser considerada como candidata independiente.
La recurrente alega que la sentencia recurrida ignora el valor de los fallos del máximo tribunal electoral, en lo que dice relación con los principios generales que inspiran la justicia electoral, tales como: la buena fe o el principio pro-participación.
Los reclamantes alegan que la resolución impugnada resulta vejatoria a los intereses públicos comprometidos y un insulto a la razón.
Los hechos que se han tenido por acreditados dan cuenta de una gestión desprolija, por parte del Alcalde, en cuanto a los resguardos y cuidados que deben adoptarse en la administración de fondos públicos.
El Acuerdo referido atenta contra la certeza jurídica de los procedimientos electorales, implementando nuevas normas que nada dicen con respecto a la resolución emitida por este mismo Tribunal.
La recurrente alega que, indiscutible e inequívocamente, se efectuó en tiempo y forma su postulación, incluso que ha actuado de buena fe y con la firme intención de dar cumplimiento a los requerimientos constitucionales y legales.
